Una vez más los trabajadores de Iberia acudieron a una nueva jornada de huelga, para pedir una solución al conflicto.

La responsable sindical de UGT Melilla, Maite Molina informa que el mediador plantea salvar unos 666 trabajadores, de la cifra inicial, también recoge la reducción del salario, y renunciar al IPC anual del 2012 y la antigüedad congelada hasta el 2015 y otras medidas de ajustes.

Alberto Molina responsable sindical de UGT Iberia de Melilla, explica que entre las medidas que afectarían a los trabajadores en Melilla estarían la supresión del plus de residencia, dietas y transportes

Con este plan de ajuste que pretende la compañía, los responsables sindicales de UGT Melilla ven difícil que se pueda llegar a un acuerdo con Iberia y mantendrán el calendario de las movilizaciones programadas.

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La Federación de Servicios Públicos (FSP) de UGT considera muy importante y positiva la decisión de la Audiencia Nacional de plantear una cuestión de inconstitucionalidad al Tribunal Constitucional sobre la supresión de la paga extra de diciembre al personal laboral del sector público.

Esta sentencia responde al conflicto colectivo planteado contra CETARSA, por parte de UGT y otros sindicatos, respecto a la supresión de la extra y del pago de la parte proporcional de la paga ya devengada a estos trabajadores.

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En Melilla las entidades que forman la plataforma convocan una concentración el domingo, día 10, a las 12 de la mañana, delante de la Delegación del Gobierno.

La Cumbre Social, de la que, forman parte a nivel nacional más de 100 organizaciones sin ánimo de lucro, ong,s y sindicatos, convoca movilizaciones en más de 50 ciudades de nuestro país para el próximo día 10 de marzo bajo el lema “Contra el paro. Por la regeneración de la democracia”. 

Así lo anunciaron el pasado viernes en rueda de prensa varios miembros de la plataforma ciudadana actuando como portavoces, en este caso los Secretarios Generales de UGT, CCOO y USO, Cándido Méndez, Ignacio Fernández Toxo, y Julio Salazar y la Presidenta de FADEMUR, Teresa López.

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La Confederación de Empresarios de Melilla CEME y los Sindicatos UGT y CCOO se han reunido en la mañana de hoy para dar cumplimiento al art.7 del acuerdo suscrito entre las partes el 27 de Diciembre de 2012 sobre reparto de Bonificaciones de la Seguridad Social.

El citado artículo obliga a las partes a constituir  de una Comisión Paritaria de Vigilancia e Interpretación  del presente Acuerdo Interprofesional sobre Materias Concretas.

Por lo se ha procedido  a la constitución de la misma  que  queda compuesta de la siguiente forma, dos representantes  de la CEME: Margarita López   y Jerónimo  Pérez, uno por  UGT: Alonso Díaz y  por CCOO: Francisco Veíra

Esta Comisión se reunirá con carácter semestral de forma ordinaria y extraordinariamente cuando lo acuerden las partes, y tiene la obligación de pronunciarse sobre el grado de cumplimiento de la medida y traslado a los trabajadores y trabajadoras  afectados de lo contemplado en el acuerdo.

 

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UGT considera que es necesario y urgente que la política dé una respuesta eficaz e inmediata a los problemas reales y dramáticos que sufren los ciudadanos, como el desempleo o los desahucios, y que se antepongan los intereses de las personas por encima de los interesas de los mercados.

Por eso, comparte muchos de los motivos que animan a las manifestaciones previstas para mañana sábado, 23 de febrero, bajo el lema ¡Toma la Calle! Marea Ciudadana contra el Golpe de los mercados, en la cual participarán algunos de los colectivos, que junto a los sindicatos, forman parte de la Cumbre Social.

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Y lamenta las actuaciones de los delegados de CSIF y CCOO en la empresa

FSP-UGT ha calificado de "comparsa" la reunión entre la UTE FCC-URBASER con el Comité de Empresa, donde a pesar de ser FSP-UGT la segunda fuerza sindical, el sindicato que más ha crecido en las últimas elecciones sindicales, tanto CSIF como CCOO unidos ambos en su estrategia, dejan fuera a FSP-UGT de la Comisión Paritaria del convenio, y excluyéndola de las reuniones con la empresa en esta materia.

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Javier Valenzuela Secretario General de la Federación de Servicios Públicos (FSP) de UGT de Melilla ha señalado, a raíz de las opiniones del presidente de la Patronal, Juan Rosell recogidas en medios de comunicación, que la campaña de desprestigio que mantiene contra los empleados públicos responde sólo a intereses económicos y políticos y no a la realidad de las Administraciones de nuestro país. UGT exige al jefe de los empresarios que retire las acusaciones vertidas contra el colectivo de empleados públicos.

Valenzuela, considera que una parte del sector empresarial, que el señor Rosell representa, mira con codicia al sector público, donde ven una excelente oportunidad de negocio, incapaces como son de mantener y abrir nuevos mercados en el sector privado, en la actual crisis económica.

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Nos preguntamos porque se ha establecido la ley del silencio en la empresa Marítima Peregar, en relación a la determinación de la empresa de reducir drásticamente los salarios de los trabajadores de esa empresa.

Según hemos podido saber desde UGT, la empresa ha planteado una reducción del 30% del salario de los conductores y está planteando entre un 20 y 25% en el personal administrativo. Nos preguntamos cuales son las causas objetivas que esta empresa  plantea, para llevar adelante tales medidas.

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 La Federación de Servicios Públicos de UGT, remitió una carta a la empresa solicitando el abono a los trabajadores de la parte  correspondiente a la Bonificación de la Seguridad Social, pactada entre la Confederación de Empresarios de Melilla y los Sindicatos de clase más representativos de Melilla, tras haberse publicado en el BOME el citado pacto laboral.

FSP-UGT a través de su Secretario General Javier Valenzuela, ha mantenido contacto telefónico con el responsable de zona de esta UTE, para comunicarle el envío de la carta a su Delegado en Melilla y para recibir una respuesta al efecto. En la conversación mantenida con este responsable le hemos explicado la obligación que tiene la empresa de abonar a cada trabajador o trabajadora la cantidad que a cada uno le corresponda según su base de cotización, y que por tanto al ser un acuerdo laboral absolutamente legal, tiene la obligación y el deber de realizar ese abono.

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La EPA demuestra que las políticas de recorte y la reforma laboral de Rajoy aceleran la destrucción de empleo y ahondan en la recesión. 5.965.400 récord histórico de paro en España.

El Gobierno de Rajoy sigue destruyendo empleo (público, hay 218.900 asalariados menos que hace un año en este sector, y privado, donde hay 684.800 asalariados menos), a un ritmo más elevado debido a la recaída incesante de la actividad económica (como avanza el Banco de España, en 2012 podría haber caído el PIB un 1,3% en términos interanuales). La reforma laboral no sólo destruye empleo (850.400 ocupados menos que hace un año), sino que empeora las condiciones para los que no ven destruido su puesto de trabajo, pero sí modificado (reducción o suspensión).

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La política del Gobierno no solo resulta ineficaz, sino que está empeorando la situación económica y del empleo.

Los datos publicados hoy por el Instituto Nacional de Estadística (INE) sitúa la tasa de variación anual del IPC en el 2,9%, lo que supone que los precios de nuestro país mantienen el mismo ritmo de crecimiento que en el mes de noviembre. Cabe señalar que es preocupante que el grupo que mayor in0cidencia positiva ha tenido haya sido el de Alimentos y bebidas no elaboradas, al tratarse de bienes de consumo básico. Además, la dependencia estructural que tiene nuestro país por los productos energéticos puede hacer que cualquier variación en el precio de estos se haga sentir de manera acusada en el nivel de precios, ya de por sí elevada.

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Adeuda a los pensionistasimportantes cantidades desde el 1 de Julio de 2012.

UGT-Melilla ha denunciado esta mañana a través de su Secretaría de Política Social la actitud del INGESA con los pensionista de la ciudad, para ello ha recordado que el 1 de Julio de 2012 entro en vigor una de las muchas medidas que el Gobierno de Rajoy y el Partido Popular ha tomado en contra de los pensionistas y contra el Estado de Bienestar, como fue la de tener que abonar una cantidad fija mensualmente por las recetas médicas según el tramo de remuneración económica de cada pensionista.

Desde entoncesla maltrecha economía de los pensionistas se ha venido resintiendo a causa de esta injusta medida, sin que hasta la fecha seis meses después de la entrada en vigor de la medida, se sepa cuandoy como van a devolver el dinero cobrado de más a los pensionista

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