DIMISIÓN DEL MINISTRO DE JUSTICIA

Desde su nombramiento al frente de la cartera de este Ministerio, la FSP-UGT estaba denunciando que su gestión era nefasta, y por ello, en numerosas ocasiones habíamos exigido su dimisión.

Pero a pesar de las aberraciones legislativas que ha realizado para la Administración de Justicia, finalmente ha sido su propuesta de reforma de la Ley del Aborto la que le ha llevado a presentar su dimisión, así como sus continuos ataques a los derechos y libertades de las mujeres, porque lo suyo era un tema ideológico. Y su pretension de legislar sobre la vida privada de las ciudadanas ha sido su tumba como ministro y como politico.

Para la FSP-UGT, Gallardón ha sido un ministro prepotente y soberbio, que ha destacado por su falta de diálogo y negociación con las organizaciones sindicales representativas de los funcionarios de la Administración de Justicia.

Un ministro que ha comenzado una carrera para privatizar un servicio público, que es un derecho fundamental para los ciudadanos de este país, privatizando el Registro Civil, así como actos de comunicación, algunos actos de la Ley de Jurisdicción Voluntaria, etc.

El ministro que en lugar de preocuparse por mejorar  la administración de justicia como sistema de defensa y garantía en el ejercicio de nuestros  derechos y libertades, dotándola de medios suficientes, humanos y materiales, se ha preocupado de desmantelarla, privatizándola y mercantilizándola, dificultando el acceso de la ciudadanía a los cauces de la justicia.

La FSP-UGT exigirá la retirada del Anteproyecto de LOPJ. Igualmente instaremos al nuevo Ministro de Justicia la retirada de la Ley aprobada durante el mandato de Gallardón que privatiza los Registros Civiles para que permanezcan en la Administración de Justicia.

Y solicitamos al nuevo Ministro de Justicia, que asuma esta cartera con otro talante para continuar con el desarrollo de todos los puntos recogidos en el preacuerdo firmado por UGT, para ser trasladados lo antes posible a la actual Ley Orgánica del Poder Judicial por la mejora que supone para todos los funcionarios de la Administración de Justicia.