UGT rechaza la reforma de las Administraciones Públicas propuesta por el Gobierno y denuncia que el contenido no se ha negociado con los sindicatos, obedece a una motivación puramente ideológica -nos devuelve al siglo XVIII y no avanza en una propuesta de futuro- y ha sido elaborado a espaldas de los empleados públicos y los ciudadanos.
El sindicato teme que este “adelgazamiento” suponga una apuesta por la externalización de servicios, y que las Administraciones terminen reduciendo su tamaño, para estar formadas por un pequeño núcleo de funcionarios y directivos (con su estatuto propio), perdiendo gran parte del personal laboral.
Esto afectaría al servicio público, ya que obligaría a que su prestación pase al sector privado, que podría tener nuevas oportunidades de negocio, a costa del interés ciudadano. Para UGT, la reforma, además de una mejora de la gestión económica, debe contener propuestas para una mayor eficiencia social y por ello reclama al Gobierno un gran pacto por el empleo que tenga eficacia también en las Administraciones Públicas.
UGT muestra su disconformidad con la reforma de las Administraciones Públicas propuesta por el Gobierno. Un texto elaborado a espaldas de los empleados públicos y de los ciudadanos y que plantea una involución en la Administración. Para el futuro se ofrece una España del pasado.
El sindicato denuncia la nula disposición del Gobierno a negociar en el escaso tiempo que ha precedido al anuncio gubernamental desde la constitución del Consejo Asesor de la Comisión para la reforma de las Administraciones Públicas (CORA) ya que sólo ha permitido asistir a los sindicatos a las reuniones como invitados, -no como interlocutores o negociadores-, en un órgano sin funciones específicas y efectivas de consulta y negociación, compuesto por personalidades y colectivos muy heterogéneos, -algunos de dudosa representatividad-, que sólo se ha reunido en tres ocasiones.
Tampoco se ha facilitado información previa sobre las materias que se tratarían, ni se ha entregado ningún documento relacionado con la reforma, lo que no ha impedido que UGT haya presentado sus alternativas de mejora y modernización de la Administración, para la potenciación del servicio público y la dignificación de la condición de empleado público.
Estos encuentros se produjeron, además, cuando las cuestiones principales ya parecían estar decididas en las reuniones previas mantenidas entre el Gobierno y las grandes empresas. Estas circunstancias confirman que la intención de la reforma que se quiere acometer por el Gobierno en el sector público es puramente ideológica, y tiene por objeto dar satisfacción a las demandas y propuestas formuladas por determinados sectores empresariales.
UGT subraya que toda negociación sobre los aspectos laborales y de empleo derivados de la Reforma de las Administraciones debe tratarse en la Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas ya que, de otra forma, se estaría incumpliendo el derecho a la negociación colectiva.
Para el sindicato, la reforma debe acompañar, cualquier mejora de la gestión económica, de una mayor eficiencia social y por ello reclama al Gobierno un gran pacto por el empleo que tenga eficacia también en las Administraciones Públicas.
UGT rechaza que la reforma pudiera apostar sin ambages por la externalización de servicios, y que las Administraciones terminen reduciendo su tamaño, para estar formadas por un pequeño núcleo de funcionarios y directivos (con su estatuto propio), perdiendo gran parte del personal laboral, lo que afectaría al servicio público, obligando a que su prestación pase al sector privado, que tendría nuevas oportunidades de negocio, a costa del interés ciudadano como ha sucedido con la desafortunada e incomprensible reforma proyectada de la Administración Local, donde se alienta la destrucción de trabajo en el sector público, en línea con los últimos datos de empleo en nuestro país.
