Hace falta ser muy inconscientes, pues no quisiéramos pensar que existe otro motivo, para consentir el acoso y derribo que se está cometiendo contra la Agencia Estatal Tributaria. Tamaña falta de perspectiva y responsabilidad por parte de nuestros políticos y gobernantes para atentar contra una institución como la Agencia nos resulta incomprensible.

¿Con qué cara se les va a pedir a los trabajadores de esta casa que día tras día atienden a los contribuyentes que se enfrenten a sus dudas sobre el trabajo que realizan? ¿Qué decir a los miles de ciudadanos que acuden en estas fechas al Servicio de Ayuda de la Campaña de Renta sobre la fiabilidad de las declaraciones que se realizan?

 

Desprestigiar en un instante a una Institución que se ha ganado paso a paso su reconocimiento nacional e internacional es intolerable. No se puede consentir que se enlode la imagen de la Agencia Tributaria, que es la punta de lanza de la Administración Española, y la responsable de obtener los ingresos del Estado.

Como profesionales de la Agencia Tributaria, sólo nos queda recordar que ES IMPOSIBLE cometer tan burdo error como alega el Ministro Montoro, pues con los medios informáticos con los que se cuenta debieron detectarse estas transmisiones e investigarse de la forma procedente, máxime teniendo en cuenta que se trataba de la Infanta de España, así como que cualquier acceso al DNI de una persona de su relevancia, es auditado inmediatamente.

No sabemos qué fin tiene esta burda mentira, pero en cualquier caso no vamos a consentir que todos los trabajadores de la AEAT pasen por tontos para tapar a políticos y gestores sin escrúpulos, aquejados de tal necedad, que no son capaces defender con dignidad su trabajo y responsabilidad.

Esta práctica de vaciar el contenido, la imagen, y la función de una Empresa, sólo se lleva a cabo cuando los propietarios quieren venderla, eso si, tras haberla descapitalizado. Parece ser que el Sr. Montoro sólo pretende el deterioro de la imagen de los empleados públicos para su posterior linchamiento.

La dignidad y la honestidad de la función pública y de sus trabajadores no puede ser defendida con planteamientos corporativos. La Dirección que propicia estos linchamientos, sólo se refrena ante los colectivos con poder de presión propio.