La idealización conservadora del “mercado libre” en materia de Servicios Públicos, está muy alejada de la realidad. Y la realización del ideal mediante el TISA, traería consigo graves e irreparables males, al tener por finalidad socavar las reglas esenciales de los Servicios Públicos, sobre las siguientes premisas:
En primer lugar elevando los costes de la expansión de los servicios públicos ya existentes o de la creación de nuevos, determinando (mediante cláusulas obligacionales) que los exportadores de servicios comerciales y los inversores extranjeros deben ser “compensados” cuando un país crea nuevos servicios o expande los existentes.
En segundo lugar, aumentando la influencia de negociación de los intereses económicos privados, los cuales pueden amenazar las garantías y necesidades de la ciudadanía, cuando se proponen o se crean nuevos servicios públicos, y derivando las posibles discrepancias al respecto a unos tribunales de arbitraje con una clara inclinación de parte.
Y, en tercer lugar, impidiendo que los gobiernos democráticamente elegidos cambien la situación bloqueando en el futuro la privatización haciéndola legalmente irreversible, también mediante cláusulas vinculantes.
Además, para garantizar su”éxito” ,el Acuerdo incide no sólo en el tipo y características de los servicios a prestar (contenidos, calidad, extensión, derechos consumidores, etc.), y blinda también las concesiones de permisos a las empresas por parte de los gobiernos (licencias, concesiones, contratas, etc.) para que estas puedan suministrar el servicio público en el mercado, sin oposición alguna.
No en vano, la privatización y la desregulación de los Servicios Públicos propuesto por el TISA, son una “externalización por subcontratación” de las funciones del gobierno democráticamente elegido, en beneficio de las corporaciones empresariales cuya misión consiste en hacer beneficios. De esta manera la democracia se convierte en mercadocracia.
Así es, estos Acuerdos promueven deliberadamente la comercialización y redefinen los servicios públicos en términos de su potencial de explotación económica por parte de las empresas mundiales y los proveedores de servicios internacionales en todos sus extremos, superando los límites que hasta el momento establecían los acuerdos de comercio mundiales vigentes en la actualidad, ya de por sí discutibles.
Y con ser importantes las repercusiones sociales, estaríamos asistiendo, en definitiva, a una usurpación de la legitimidad democrática de Gobiernos y Parlamentos nacionales por las condiciones impuestas, desde un poder sin ningún control democrático, por inversores y multinacionales.
En definitiva, como decía el poeta, y tengo a gala emplear siempre que hablo de estos temas, “de necios es confundir valor y precio”. Error en el que, premeditadamente, eso sí, cae el TISA. Ya va siendo hora de marcar la diferencia entre los que sólo defienden intereses económicos y los que estamos con los derechos de las personas.
