Una vez más el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, demuestra sumisoginia recalcitrante; y, una vez más, la institucionaliza.

Desde la Secretaría de Mujer e Igualdad de la FSP-UGT denunciamos el deleznable uso que el Gobierno del Partido Popular hace del indulto. Esta figura debiera de emplearse para equilibrar los casos excepcionales en los que la aplicación estricta de la ley, y la ejecución de la sanción correspondiente, resultan injustos por quebrarse el principio de proporcionalidad. Sin embargo, el Gobierno de Mariano Rajoy lo emplea como un aval de impunidad.

Es este desprecio, este ejercicio de impunidad, lo que ofrece el ministro de Justicia de nuestro país como protección y defensa de los derechos fundamentales  de integridad física, emocional, así como de la indemnidad sexual de las mujeres.

Lo acontecido es, si cabe, más grave cuando se conoce que el condenado y posteriormente indultado,  es un miembro de la Guardia Civil; es decir, un agente de la autoridad.

Al no estipular la ley el imperativo de argumentar el otorgamiento del indulto, nos queda el interrogante de si la pertenencia del padre del condenado e indultado en las filas populares, responde más a una relación de causalidad que de casualidad.