El Gobierno, con un cinismo digno de los dioses, anunció la semana pasada, a bombo y platillo, la creación de “300 nuevas plazas de jueces” para acabar con la corrupción. El pasado sábado, día 1, el BOE publicaba el Real Decreto 918/2014, de 31 de octubre, por el que se crean 112 plazas de magistrado en órganos colegiados, 167 plazas de juez de adscripción territorial y se crean y constituyen tres juzgados de lo penal para adecuar la planta judicial a las necesidades existentes.
Las 300 dichas se han quedado en 282 escritas. Pero ojo, las plazas no son de nueva creación, sino que lo que hace el Real Decreto es regularizar las situación de plazas de jueces que llevan tiempo incorporados (desde las últimas oposiciones), es decir que ya están trabajando, en la situación irregular de expectativa de destino, sustituyendo o reforzando otros juzgados o tribunales, con la particularidad añadida de que la gran mayoría de las plazas no pertenecen a la jurisdicción penal. Por lo tanto no se crean nuevos juzgados, a excepción de 3 juzgados de lo penal, uno por cada población, en Huesca, Palma de Mallorca y Tortosa (como si en el resto las CCAA no fueran urgentes y necesarios)
. El Real Decreto publicado lo dice muy claro:
“Por razones presupuestarias para reducir el déficit público, en los años 2011, 2012 y 2013 (habría que añadir “y lo que llevamos del 2014”) no se ha procedido la creación de nuevas unidades judiciales, por lo que la planta judicial no se ha incrementado en estos años mientras que, por el contrario, han seguido incorporándose nuevos miembros de la carrera judicial, como consecuencia de la convocatoria de pruebas selectivas de acceso, proceso necesario para afrontar el número de procedimientos judiciales existentes e igualar el promedio de número de jueces por número de habitantes con otros países de nuestro entorno.
Esta situación ha originado un desequilibrio entre los miembros de la carrera judicial que se encuentran en activo y el número de unidades judiciales creadas en la planta judicial y de plazas de juez de adscripción territorial que se les pueden ofertar, existiendo un déficit de ambas para poder asignar una plaza a todos los miembros de la carrera judicial en servicio activo.
Ello ha generado un elevado número de jueces en expectativa de destino, cuya situación es preciso regularizar, mediante la creación de plazas.
Esta creación no conlleva incremento presupuestario, criterio que ha sido determinante al concretar las plazas que se crean en el presente real decreto, puesto que lo que se pretende es destinar definitivamente a los miembros de la carrera judicial que no disponen de plaza y actualmente desarrollan las funciones que le son propias a través de diferentes figuras reguladas en nuestro derecho orgánico judicial, como las comisiones de servicio, los refuerzos, o las sustituciones.”
Esta confirmación de lo existente, la de que en los tres últimos años no se haya creado ningún juzgado en España, nos sigue dejando muy lejos del número de jueces y juzgados necesarios para equipararnos con la media europea. En España hay 10 jueces por cada 100.000 habitantes. En Europa son cerca de 20 los jueces por cada 100.000 habitantes. Parece que desde el año 2011, los distintos gobiernos (el PSOE en el 2011 y el PP desde noviembre de 2011 hasta la fecha) le tienen alergia a la creación de empleo público, a pesar de que la sobrecarga media total, del 45% de los juzgados y tribunales españoles, es superior, en un 150%, a los módulos señalados por el propio CGPJ. Estudios y asociaciones judiciales y entidades sociales y profesionales demandan la creación urgente de 550 plazas de jueces y fiscales , más la reposición de las más de 200 plazas que quedan vacantes cada año, con la creación de nuevos juzgados y secciones de tribunales, para que la Justicia en España pueda ser una Justicia rápida, eficaz y de calidad, y no desbordada y lenta, con los efectos sociales que conlleva.
Y lo más grave, que no es poco, no es lo anterior, sino que es que la dotación de estas 279 plazas no se han visto, en ningún caso, acompañadas de la creación de nuevas plazas (o sea, de ninguna plaza) de funcionarios de los Cuerpos de Secretarios Judiciales , ni de los Cuerpos de Gestión, Tramitación y Auxilio Judicial, Médicos Forenses,…. Lo más que se ha creado, en un número insignificante de casos, es un número de refuerzos, de funcionarios judiciales, que no llegan ni al 1,5 % de las plantillas orgánicas. En definitiva, ni se crean nuevas oficinas judiciales, ni se crean plazas de funcionarios para las mismas. ¡ Y después se quejan del desempleo !.
El Sindicato de Justicia de la FSP-UGT viene denunciando desde hace ya muchos años, que los gobiernos mantienen la consigna, en el mejor de los casos, de crear unas pocas plazas de jueces (cuando no se acude a la vía de la ampliación de la productividad remunerada para jueces y magistrados) sin funcionarios judiciales de apoyo.
Muchos más jefes, muchos menos indios, para que todo siga igual: la sobrecarga de trabajo, el atraso y el eterno abandono en el que se encuentra la Justicia en España.
