La Federación de Servicios Públicos (FSP) de UGT ha exigido al Gobierno la apertura inmediata de la negociación dentro de las Administraciones para tratar los aspectos laborales que plantea la Reforma de las Administraciones Públicas que se ha presentado hoy en Consejo de Ministros.

Adoptar medidas de esta índole, sin ningún tipo de información y negociación previa con los representantes de los trabajadores, genera gran incertidumbre y tensión entre los empleados públicos. Un colectivo que sólo espera nuevos ataques de un Ejecutivo que se jacta de haber destruido 337.000 puestos de trabajo en el sector desde su llegada a la Moncloa.

Las supresiones y fusiones de Organismos de la Administración General del Estado planteadas por el Ejecutivo cambian sustancial y unilateralmente las condiciones laborales de los empleados públicos y deben negociarse previamente, tal como como contempla el artículo 37 del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP).El sindicato ha advertido que gran parte de los 37.700 millones de ahorro previstos por el Gobierno quedarán a expensas de las Comunidades Autónomas y otra parte puede vulnerar el derecho de los ciudadanos en sus relaciones con la Administración.

El sindicato ha manifestado que inicialmente parte de las medidas que plantea el Gobierno ya están en funcionamiento en las Administraciones Públicas. Una muestra sería la Administración Electrónica, que está contemplada en el Acuerdo Administración- sindicatos firmado el 25 de septiembre de 2009, como respuesta a una Directiva Europea del mismo año y que entró en vigor en enero de 2010. En esta materia, el sindicato advierte que el afán recaudatorio y de ahorro no puede poner en peligro las garantías de los ciudadanos en los procesos con las Administraciones. El sindicato advierte que se debe ser especialmente garantista en este aspecto.

La creación de una bolsa de funcionarios está incluida en el EBEP, bajo la denominación de movilidad interadministrativa y si se plantearan cambios esenciales en su funcionamiento tendrían que acordarse dentro del marco adecuado. Por tanto, el sindicato se pregunta si trata de una reforma principalmente mediática o es una reforma que vulnera la legalidad vigente.

UGT ha pedido al Gobierno información sobre los recursos humanos dentro de las Administraciones, con datos fiables sobre la plantilla –la última actualización del Boletín Estadístico del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas es de julio de 2012- y pide un pacto por el empleo y los servicios públicos.

El sindicato reitera la nula disposición del Gobierno a negociar y facilitar información a los representantes de los trabajadores. El Consejo Asesor de la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas (CORA) era un órgano sin funciones específicas y efectivas de consulta y negociación, compuesto por personalidades y colectivos muy heterogéneos, -algunos de dudosa representatividad-, que sólo se ha reunido en tres ocasiones.

En ningún momento se ha facilitado información previa sobre las materias que se tratarían y su última reunión, coincidiendo con la presentación del informe por el Presidente del Gobierno, no se proporcionó el documento, ni siquiera un resumen, algo con lo que sí han contado al menos los medios de comunicación. Esta actuación pone de relieve desprecio del Gobierno por la negociación y los representantes de los trabajadores.