El Gobierno ha decidido excluir a los interlocutores sociales del órgano de gobernanza que controla las ayudas del sistema de formación para el empleo. Consuma así la ruptura del consenso alcanzado esta materia,  y vulnera la legalidad vigente, el Convenio 88 de la OIT que establece la consulta a los interlocutores sociales en asuntos relacionados con el empleo, y los pronunciamientos de la Audiencia Nacional y del propio Tribunal Constitucional. UGT recurrirá la exclusión de la convocatoria de 2016 y emprenderá las acciones legales que considere oportunas.

UGT considera que el planteamiento anstisindical y antisocial de excluir a las organizaciones sindicales y empresariales más representativas del órgano colegiado encargado de emitir informe sobre el resultado de la evaluación que efectúen los técnicos de la Fundación Estatal para el Empleo en relación con la Convocatoria de 2016 para la ejecución de planes de formación, de ámbito estatal, dirigidos prioritariamente a trabajadores ocupados, es a todas luces:

• inadmisible para los sindicatos y patronales;
• supone un incumplimiento directo y flagrante del acuerdo político que el actual Gobierno asumió con otras fuerzas parlamentarias en la aprobación de la Ley 30/2015, de formación profesional para el empleo.  Esta señalaba explícitamente que el papel de los interlocutores sociales se centraba en "el diseño estratégico, la planificación, la programación, la difusión, el control, el seguimiento y la evaluación de la formación profesional para el empleo".
• pretende excluir a esas organizaciones de un órgano de la gobernanza del sistema, un órgano de control del proceso de ayudas de formación profesional para el empleo;
• contradice también el papel constitucional reconocido a estas organizaciones y así declarado por el Tribunal Constitucional;  
• vulnera directamente la regulación vigente en esta materia por lo que se está  actuando de forma claramente ilegal

La Unión General de Trabajadores, por último, reitera que seguirá trabajando por la defensa del derecho a la formación de los trabajadores y las trabajadores y que ésta se realice con la máximas garantías para la acreditación y cualificación de los trabajadores de este país.