La propaganda electoralista del Gobierno no puede ocultar la destrucción de 400.000 empleos públicos desde 2011. La tasa de reposición para 2016 prevé unos máximos que podrían no cumplirse. La situación socioeconómica y profesional de los empleados públicos en el año 2016 todavía se va a encontrar muy por debajo de la situación que tenían antes del comienzo de la actual legislatura.

En el estudio detallado de los Presupuestos Generales del Estado para 2016, se deduce que con carácter general se impide la creación de empleo público neto al fijarse la tasa de reposición de efectivos en el 50% con carácter general.

Sí puede alcanzar hasta el 100% para determinados colectivos, los ya tradicionales: docentes, sanitarios, fuerzas y cuerpos de seguridad, fuerzas armadas, lucha contra el fraude, asesoramiento jurídico, extinción de incendios, personal investigador, Administración de Justicia, Acción Exterior del Estado, Administración Penitenciaria, supervisión de mercado de valores, y personal de supervisión e inspección aérea, etc., con alguna novedad:

 - Asistencia directa a los usuarios de los servicios sociales.

 - Gestión de prestaciones y políticas activas en materia de empleo.

Como el año anterior, se permite la acumulación de las tasas de reposición de efectivos por la Administración correspondiente entre uno o varios de los sectores considerados prioritarios.

Sin embargo, conviene precisar que al abrir la posibilidad del 50% y del 100%, la Ley emplea el término “hasta un máximo”, lo que posibilita que la Administración Pública correspondiente pueda emplear una tasa inferior a dicha cifra, lo cual resulta muy negativo pues está referida a sectores esenciales del Estado de Bienestar.

Para la Policía Local y el servicio de prevención y extinción de incendios, la tasa de reposición de efectivos podrá alcanzar el 100%, siempre que los Ayuntamientos en cuestión cumplan los requisitos de estabilidad de la Ley Orgánica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

Podrán llevarse a cabo procesos de consolidación de empleo de los previstos en el EBEP, pero computan en la tasa de reposición.

Eso sí, las plazas convocadas para promoción interna no computan en la tasa de reposición de efectivos. De la misma manera, para el cálculo de la tasa de reposición, no se tendrá en cuenta a los empleados públicos que pasen a segunda actividad o a la situación de reserva.

Como en años anteriores, se prevé la posibilidad de que el personal funcionario y laboral fijo del sector público estatal pueda ser contratado por las entidades públicas empresariales, sociedades mercantiles públicas y fundaciones públicas, para “posibilitar la adecuada optimización de los recursos humanos existentes en el sector público”.

Resulta imprescindible la corrección de una errata contenida en el artículo 20. Tres 2º párrafo, pues de la redacción actual puede llegar a interpretarse que la tasa de reposición de efectivos del conjunto del personal laboral será del 0%, cuando se está refiriendo a un ámbito muy concreto (entidades públicas y sector público). Así la redacción debería ser la siguiente “…del personal  laboral de las entidades públicas empresariales y entes del sector público estatal…”.

Así pues, concluímos que los escasos avances contenidos en el Proyecto no sirven para recuperar los derechos y poder adquisitivo perdidos a lo largo de la legislatura.

El Proyecto de Ley no sirve para resarcir a los empleados públicos de  los esfuerzos padecidos durante la crisis.

De la misma manera, aunque la tasa de reposición de efectivos se haya visto incrementada, la destrucción de empleo público va a seguir, pues en el mejor de los casos se cubrirán el mismo número de bajas que se produzcan y en el peor sólo 5 de cada 10 plazas, combinación que impedirá la generación de empleo público en términos neto.

En definitiva, se puede afirmar de manera tajante que la situación socioeconómica y profesional de los empleados públicos en el año 2016 todavía se va a encontrar muy por debajo de la situación que tenían antes del comienzo de la actual legislatura, pues el Proyecto de Presupuestos queda muy alejado de sus expectativas y demandas.