La elaboración del anteproyecto de ley de PGE para 2015 se antoja una ocasión ideal para tener en cuenta las apreciaciones de la OCDE, que en su último informe alerta de las consecuencias negativas que han tenido sobre la economía las rebajas salariales impuestas en los países europeos.

La FSP-UGT recuerda al ministro Montoro la responsabilidad que tiene sobre la política salarial de España en su faceta de empleador. En este papel, el Gobierno ha aplicado una política salarial restrictiva a los trabajadores a su cargo –en lo que lleva de legislatura ha provocado una pérdida de poder adquisitivo en el sector de 13,8 puntos– además de servir de elemento aleccionador para el resto de empresarios nacionales, quienes han seguido fielmente la senda del recorte salarial y precarización laboral abierta por el ejecutivo.

El informe anual sobre el empleo que ayer difundió la OCDE -que señala que las rebajas salariales impuestas en los países europeos más afectados por la crisis están mostrando sus límites en la mejora de la competitividad e incluso son contraproducentes- coincide con los argumentos planteados por la FSP-UGT desde hace tiempo.

En todo caso, la FSP-UGT entiende que, ante una previsión de incremento del PIB de España del 1,6% para 2015 realizada por la OCDE, los PGE para 2015 deben reflejar una subida salarial que empiece a paliar la pérdida de poder adquisitivo que los empleados públicos hemos sufrido durante la crisis.

Desde la FSP-UGT hacemos un planteamiento novedoso en cuanto que ligamos la subida salarial al incremento previsto del producto interior bruto (PIB) en vez del al tradicional IPC dada la situación de la inflación en el -0.5% interanual en estos momentos, mientras la previsión de crecimiento del PIB para 2015 es del 1,6%.

Ello iría en línea con los planteamientos que el Secretario de Estado para la AAPP, sr. Beteta, nos hizo a los sindicatos en la reunión del 14 de julio. Planteamientos de negociación, ante el cambio de tendencia económica que pregona el Gobierno, que desgraciadamente no han tenido continuidad en la Dirección General de Función Pública, cuya convocatoria para negociar llevamos dos meses esperando, cuando se hicieron peticiones en todos los territorios ante las Delegaciones del Gobierno solicitando la apertura de las mesas de negociación colectiva, en Melilla se solicitó por los tres sindicatos el 15 de julio.