El Gobierno está debilitando los Servicios Públicos de Empleo (desaparecen 3.000 orientadores y promotores, se recortan las políticas activas de empleo en casi 2.000 millones este año) mientras inyecta dinero a las Agencias Privadas de Colocación (percibirán 66 millones en un plazo de cuatro años). Estas agencias cobran un dinero por colocar parados, pero también solo por atenderlos y, además, facturan por las denuncias al desempleado, siempre que esta denuncia lleve aparejada la sanción o suspensión de la prestación por desempleo de ese parado. 

El Gobierno está debilitando, de forma clara, los Servicios Públicos de Empleo, con la puesta en marcha de medidas que por una parte fomentan la externalización de las acciones que son competencia de los Servicios Públicos y, por otra, suponen una disminución de la plantilla de las Oficinas de Empleo. Así, en lugar de reforzar estas oficinas para atender a los parados, la plantilla de los Servicios Públicos de Empleo viven en primera persona los recortes con la desaparición de 1.500 orientadores y 1.500 promotores, y la casi nula restitución de la plantilla que se jubila. 

En lugar de mejorar este Servicio Público esencial para los ciudadanos, el Gobierno opta por el recorte: este año la partida presupuestaria destinada a políticas activas de empleo ha disminuido un 34,44% (esto es 1.998 millones de euros respecto a 2012).Al mismo tiempo, el Ejecutivo ha destinado 66 millones de euros, en un plazo de 4 años (20 millones de euros este año) a las Agencias Privadas de Colocación, que facturan ya no por colocar a un parado, sino solo por atenderlo. La cantidad que se paga a la Agencia Privada de Colocación por atenderle equivale al 50% que cobraría si le hubiera colocado con un contrato mínimo de 6 meses. Además, la Agencia de colocación percibirá un 15% (de la cantidad estipulada por la contratación de un parado), en caso de que denuncie a un desempleado que, a su juicio, pueda haber cometido fraude (siempre que esta denuncia lleve aparejada la sanción o suspensión de la prestación por desempleo de ese parado). 

UGT advierte, además, que el Plan Anual de Política de Empleo 2013 (que ha tardado 9 meses, en ser aprobado, pues ha sido publicado en el BOE el 10 de septiembre) no va a cumplir con las necesidades que requieren casi seis millones de desempleados, que están un una situación cada vez más insostenible (5 de cada 10 desempleados no percibe ya ningún tipo de prestación, según la EPA). Aunque cada vez hay un nivel de cobertura de prestaciones menor, el Gobierno sigue con la obsesión de disminuir tanto la partida de prestaciones por desempleo como el número de perceptores mediante planes de control que, en muchas ocasiones, pueden ser discriminatorios o con programas en los que se consideran colectivos especiales a los perceptores de prestaciones para acceder a las ofertas de empleo, lesionando los derechos de otros colectivos en situación económica aún más precaria y que como no cobran no son objeto de atención prioritaria. 

En el Real Decreto Ley 11/2013, de 2 de agosto, para la protección de los trabajadores a tiempo parcial y otras medidas urgentes en el orden económico y social, el Gobierno aprobó, por la puerta de atrás, modificaciones tanto en la Ley General de la Seguridad Social como en la Ley de Empleo en relación a las nuevas obligaciones y requisitos que se exigen a los perceptores de prestaciones por desempleo, lo que evidencia, una vez más, la desconfianza y afán de control del Gobierno hacia quienes desgraciadamente carecen de empleo.