La Federación de Servicios Públicos de la Unión General de los Trabajadores a través de su Secretario General Javier Valenzuela ha denunciado esta mañana  la manía persecutoria que tiene el actual Gobierno en contra de los empleados y empleadas que prestan su servicio en los Ayuntamientos.  Las intenciones del Ministerio de Hacienda de limitar los complementos específicos de los empleados de la Administración Local a través de la Ley de Presupuestos Generales del Estado significa un nuevo ataque a todos y todas los trabajadores de dichas administraciones. 

Javier Valenzuela, Secretario General de la FSP-UGT Melilla ha manifestado que como viene siendo habitual en este Gobierno, "van a hacer pagar nuevamente el coste de la crisis a los mismos. Paralelamente al “robo legal” que quieren perpetrar a estos trabajadores, nos desayunamos todos los días con noticias como esta.

Más de 300 políticos españoles están imputados en presuntos casos de corrupción” por aprobar ERE fraudulentos, por delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos, fraude o tráfico de influencias, por causas relacionadas con el urbanismo y la adjudicación de obras públicas, llamadas a prostíbulos con dinero público, concesión fraudulenta de licencias, por realizar incendios forestales intencionados, por suscribirse a un canal porno, corrupción, financiación irregular".

"Sin contar con la impresionante profesionalidad y buena gestión de las Cajas de Ahorro como Bankia, CAM, Novacaixa Galicia y Caja Castilla-La Mancha, Banco de Valencia, etc. que ha supuesto que Europa les proporcione más de 40.000 millones de euros, que devolveremos entre todos"

Paradójicamente de todo el gasto público realizado por las distintas Administraciones Públicas de nuestro país, sólo el 13 % del mismo lo realizan los Ayuntamientos, con lo que nuevamente recaerá el coste de la crisis sobre los más débiles.

Javier Valenzuela  ha denunciado que este nuevo ataque a los derechos salariales de los empleados públicos supondrá una fractura social de proporciones graves como el Gobierno persista en su actitud de hacer pagar los costes de la crisis a los trabajadores y a la ciudadanía.