Según el boletín estadístico del personal al servicio de las Administraciones Públicas correspondiente al 1 de enero de 2014, publicado este lunes por el Ministerio de Hacienda, el número de empleados públicos al servicio de todas las administraciones públicas (Administración del Estado, comunidades autónomas, entes locales y Universidades) ha sufrido una reducción de 160.337 en los últimos dos años, sumando los 134.714 que se perdieron en 2012 y los 25.623 del años pasado. Si añadimos los empleos públicos destruidos durante el primer año de gobierno del PP, encontramos que los puestos de trabajo destruidos en el sector público suman casi 400.000, cifra completamente excesivo teniendo en cuenta que este Gobierno ha sido además incapaz de crear empleo en ningún ámbito. Es decir, el Gobierno destruye empleo público y es incapaz de generar empleo estable y con derechos para los ciudadanos de este país.
La cifra de empleos públicos destruidos es excesiva a juicio de la Federación de Servicios Públicos de UGT. Además puede agravarse durante este año y 2015 con la puesta en marcha de la Reforma de la Administración Local, que agravará la destrucción de puestos de trabajo en ayuntamientos.
De hecho, las entidades locales han sido las que más empleados públicos han liquidado en los últimos dos años, con 36.438 trabajadores menos. Se prevé que la cifra de trabajadores despedidos en ayuntamientos de multiplique con las medidas del gobierno, con gran perjuicio para los servicios sociales y sectores tan sensibles como la dependencia o la ayuda a domicilio servicios sociales.
Como ya señaló FSP-UGT en su informe, resulta preocupante que en el periodo más álgido de la crisis económica las distintas Administraciones Públicas por un lado destruyan empleo público y, por otro,privaticen actividades vía contratación pública. Por ejemplo, en 2011 se celebraron 121. 891 contratos (la mayor parte en las CC.AA.), de los cuales un amplio porcentaje están referidos a servicios, consultoría y asistencia
Esto denota que, con independencia de los obstáculos legales y presupuestarios, las Administraciones Públicas tienen atribuidas una serie de competencias y servicios que, al no poder ser prestados por empleados públicos (dada la congelación de la oferta de empleo público que impide su nombramiento/contratación), se derivan al ámbito privado.
España se sitúa además entre los 10 países de la UE con menor gasto público en porcentaje de PIB, que ascendió a 43,4% en dicho año, a bastante distancia de los niveles de las grandes economías de la UE, como Francia (56,6%), Alemania (45%), Reino Unido (48,5%) o Italia (50,7%); el tamaño del sector público es muy reducido si se compara con la media de los países de la UE.
Según datos de FSP-UGT, las mujeres han sufrido de manera especial la destrucción de empleo público en los últimos años, ya que se ha cebado en sectores feminizados como la dependencia y los servicios sociales. Además se han destruido gran número de empleos temporales, que tienen mayor presencia femenina.
De estas cifras resulta la evidencia no solo del castigo que este Gobierno ha infligido al sector público sino el deterioro de servicios que esto se deriva, generando más pobreza, mayor desigualdad, peores condiciones laborales y menos esperanza en recuperar los derechos que el Gobierno le ha escamoteado al conjunto de la ciudadanía.