La devaluación salarial ha constituido un claro freno al proceso de recuperación económica y de creación de empleo, haciendo inútil el extraordinario sacrificio experimentado por los empleados públicos (y la sociedad en general) durante la crisis, en sus condiciones de bienestar y en la atención a sus necesidades básicas.

El Gobierno ha reconocido el esfuerzo individual y colectivo realizado por las empleadas y empleados públicos del país de forma continuada durante los últimos años, con el objetivo fundamental de contribuir a paliar la situación económica existente, aportando su solidaridad e implicación en un momento de máxima dificultad social, sin merma en la profesionalidad y calidad del servicio público prestados a la ciudadanía.

Si los recortes salariales (y de las condiciones de trabajo en general) pretendían hacer frente a un periodo coyuntural, como fue el momento más álgido de la crisis, ahora exigimos al Gobierno que sea coherente con sus afirmaciones que hablan de recuperación y no prolongue más de lo necesario los esfuerzos de los empleados públicos, recuperando progresivamente las condiciones de trabajo previas a las medidas adoptadas con la excusa de la crisis. Por esta razón, solicitamos la convocatoria de la Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas para tratar estas cuestiones.