La Federación de Servicios Públicos (FSP) de UGT pide al Gobierno que abra una negociación real sobre los empleados públicos y abandone la política imposiciones y rumores. Tras conocer la noticia de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha sancionado a la Comunidad de Madrid por incumplir la obligación legal de negociar con los representantes de los trabajadores, UGT ha señalado que esta situación es una reproducción exacta de la situación que se vive en la Función Pública en general. Esta actitud gubernamental ha provocado una judicialización exagerada y perjudicial de la negociación en las Administraciones Públicas en los últimos años. 

La falta de diálogo en las Administraciones Públicas ha obligado por parte de UGT ha tomar medidas de carácter legal, como la presentación de recursos contra la supresión de la paga extra, de la que se están dando múltiples sentencias favorables a los trabajadores o la presentación de quejas ante instituciones nacionales e internacionales. 

El sindicato ha recordado que, desde la llegada al poder del Gobierno del Partido Popular, las reuniones son prácticamente inexistentes.Cuando se celebran, como las últimas convocatorias de la Mesa de Negociación en las Administraciones Públicas, se convocan a horas de la presentación de los presupuestos u otras normas importantes para dar viso de legalidad pero sin la voluntad negociar. 

Siguiendo esta dinámica, el Gobierno ha aprobado, sin presentar propuestas para someterlas al diálogo y anticipando las medidas en los medios de comunicación, leyes como el RD 20/2012, que suprimía la paga extra de navidad de los empleados públicos. En esta ocasión, UGT calificó de fraude la Mesa de Negociación. Para los presupuestos Generales de 2012 y 2013 se mantuvo la misma línea de actuación. Las reuniones de Mesa General de Negociación en las Administraciones Públicas, donde se deben abordar las medidas sobre condiciones laborales de los empleados públicos que se incluirán en los presupuestos generales, se convocaron el día previo a su presentación en el Parlamento y sin posibilidad de incluir propuestas por parte de los agentes sociales. 

Los sindicatos han denunciado en varias ocasiones la mala fe en la negociación por parte del Gobierno. Como ejemplo, la reunión de la Mesa de Negociación del 29 de marzo de 2012, donde se impusieron las 37,5 horas semanales para todos los empleados públicos. UGT y CCOO presentaron un escrito donde calificaban de ilegal la reunión y, entre otros motivos, aducían la ruptura del principio de buena fe, transparencia y suministro de información que debe presidir la negociación, según el Estatuto Básico del Empleado Público, pues la reunión se formalizó horas antes de su celebración y sin orden del día de los temas a tratar. 

La falta de información a los representantes de los trabajadores sobre los temas a tratar en las reuniones es una práctica generalizada. El pasado 27 de diciembre, UGT denunció el proceder de la Administración quien no remitió la documentación sobre la Instrucción de jornadas y horarios en AGE hasta el día de nochebuena y convocó reunión el 26 de diciembre.