El Día Internacional de la Juventud este año se celebra bajo el lema “Jóvenes migrantes, hagamos avanzar el desarrollo” y en este día UGT quiere recordar que las políticas de austeridad, la falta de empleo y las malas condiciones laborales están obligando a marchar a un número cada vez más creciente de jóvenes. En los últimos 7 años, se ha quintuplicado el número de jóvenes españoles que emigran pero en el extranjero tampoco encuentran el prometido paraíso laboral, ya que la precariedad es un mal endémico en toda Europa. El sindicato considera que para activar el empleo juvenil es necesario reactivar los servicios de empleo público y centrarse, entre otras cosas, en desarrollar políticas de I+D+i, mejorar el sistema educativo y vincularlo a las necesidades del sistema productivo e incentivar la contratación indefinida. No podemos dejar escapar a las generaciones de jóvenes mejor preparadas, porque apostar por la juventud no es sólo una inversión de valor añadido para el futuro, sino también para el presente.

UGT considera que el “Informe de Evaluación de Impacto de la Reforma Laboral”, publicado por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, enumera una serie de instrumentos y resultados de esta reforma con afirmaciones indemostrables y, en ocasiones, con datos ajenos al propio Ministerio y contradictorios con los publicados por éste, como es el caso de los convenios colectivos. 

Al sindicato, en su informe “Más de un año de reforma laboral: Notas al Informe de Impacto del MEYSS”, le llama poderosamente la atención que el Ministerio se enorgullezca de haber destruido 400.000 empleos públicos, afirmando que el paro se ha moderado desde la reforma y utilizando para ello datos de segundo trimestre a segundo trimestre, obviando que los dos primeros trimestres de reforma fueron de gran destrucción de empleo. 

 

UGT considera que la propuesta del Fondo Monetario Internacional que, al parecer, es compartida por el Comisario Europeo de Asuntos Económicos y Monetarios, Olli Rehn, de rebajar en un 10% los salarios españoles es descabellada. Reducir más los salarios de los ciudadanos únicamente agravaría una situación económica bastante complicada ya de por sí y empobrecería aún más a los ciudadanos condenando a España a la miseria. 

El Secretario de Acción Sindical de UGT, Toni Ferrer, ha señalado hoy que “el señor Rehn y el conjunto del colegio de comisarios desde 2010 vienen imponiendo en Europa y en España una serie de políticas neoliberales que están fracasando. De hecho, en España el Gobierno del Partido Popular siguió al dictado de Europa, una reforma laboral, y en este momento hay más de 600.000 ocupados menos que lo que había antes de su implantación”. 

Ambos sindicatos pedirán a la sala de lo Social del Tribunal Supremo que interponga cuestión de inconstitucionalidad contra el mismo por violación de los Art. 14 y 28 de la Constitución española e, igualmente, se dirigirán a la Defensora del Pueblo para que presente ante el Tribunal Constitucional un recurso de inconstitucionalidad.

El 3 de agosto se publicó el Real Decreto Ley 11/13, de 2 de agosto, para la protección de los trabajadores a tiempo parcial y otras medidas urgentes en el orden económico y social. Nuevamente, en lo que supone una constante del actual Gobierno, se acude al Real Decreto Ley para legislar en materia laboral, con claro menosprecio a la separación de poderes, alegando razones muy discutibles de urgencia y necesidad, que podrían afectar a su constitucionalidad; y omitiendo, asimismo, la consulta previa en aspectos relevantes del mismo que afectan a materia laboral, en contraposición con la consulta sí efectuada en el caso de la protección social del contrato a tiempo parcial.

En el Boletín Oficial del Estado del sábado, 3 de agosto, se ha publicado el RD-ley 11/2013, de 2 de agosto, para la protección de los trabajadores a tiempo parcial y otras medidas urgentes en el orden económico y social, que recoge modificaciones del marco normativo laboral en materia de empleo y protección por desempleo, y del Estatuto de los Trabajadores, en materia de legitimación para la defensa y protección de los trabajadores en distintos procedimientos, y sobre la regulación de los despidos colectivos, incluyendo la del RD 1483/2012, y en materia procesal de la ley de jurisdicción social.