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FeSP-UGT Melilla

El objetivo es que se respete el diálogo social

La Federación Europea de Sindicatos de Servicios Públicos EPSU acudirá el 23 de mayo ante el Tribunal General de la Unión Europea para presentar una demanda contra la Comisión Europea por infracción de las normas del diálogo social (TFUE, artículo 155.2).

La acción constituye la primera vez que una organización de sindicatos europeos formula una reclamación contra la Comisión a causa de una política social.

EPSU tiene como objetivo que se anule una decisión sin precedentes, adoptada por la Comisión, al negarse a hacer una propuesta al Consejo para la implementación del acuerdo de los interlocutores sociales sobre el gobierno central, relativo a los derechos de información y consulta.

El juicio, cuya celebración se espera para antes del final del año, determinará los derechos que corresponden a los interlocutores sociales de la UE, en materias de legislación social y laboral.

El acuerdo de los interlocutores sociales se aprobó, en diciembre de 2015, por EPSU, TUNED y la antigua ministra francesa de la Función Pública, la Sra. Lebranchu, en nombre de EUPAE. Su finalidad era cerrar una prolongada brecha, en la legislación de la UE, sobre los derechos de información y consulta, además de sobre las reestructuraciones, que excluye a los funcionarios públicos y trabajadores del gobierno central.

En ese momento, la Comisión acogió positivamente el acuerdo, como “contribución a unos servicios públicos modernos y de alta calidad en toda Europa”1. Sin embargo, poco más de dos años después, el 5 de marzo de 2018, la Comisión rechazó2 la solicitud de los interlocutores sociales para la incorporación del convenio colectivo a la legislación de la UE.

La decisión sin precedentes del Colegio de Comisarios socava por completo el Pilar Europeo de los Derechos Sociales de noviembre de 2017, que reafirmaba el derecho de todos los trabajadores a intervenir en los asuntos laborales que les concerniesen directamente.

Continúa negando los derechos fundamentales de 9.8 millones de empleados y funcionarios públicos, y los deja sin voz respecto a un cambio significativo que incluye el futuro de sus empleos, la digitalización, la seguridad y salud, y la igualdad de género;

Elude el derecho del Consejo a aprobar (o no), por votación de mayoría cualificada, una propuesta de directiva sobre los derechos de información y consulta en los gobiernos centrales;

Reduce los derechos de los interlocutores sociales de la UE para negociar acuerdos legalmente vinculantes e infringe su autonomía, que es un principio clave consagrado en los tratados de la UE.

Jan Willem Goudriaan, secretario general de EPSU y codemandante en el proceso, dijo:

“Las negociaciones entre EPSU/TUNED y EUPAE, que condujeron al acuerdo de los interlocutores sociales, siguieron a la iniciación, por parte de la Comisión, del procedimiento de enmienda legislativa. Todas las partes conocían, desde el principio, que EPSU/TUNED estaban negociando con vistas a la consecución de un acuerdo de los interlocutores sociales que después se transformaría en una Directiva”.

“El acuerdo de los interlocutores sociales pretende abordar la discriminación contra 9.8 millones de empleados y funcionarios públicos, que se enfrentan a profundos cambios sin participación alguna en su futuro. El rechazo de la Comisión a formular una propuesta es un inaceptable bloqueo para ello, y contraviene directamente el Pilar de los Derechos Sociales de Noviembre de 2017” .

                  

                 

               

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