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Categoría: Otras Noticias
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El papel de la organización en el diseño de un nuevo contrato social en un mundo cada día más global y complejo

UGT cumple 130 años en un momento crítico para el devenir de nuestra sociedad. Vivimos tiempos en los que es preciso crear empleo y afianzar la recuperación económica, en beneficio de todos. En este marco resulta indispensable que los principales actores sociales (administraciones públicas, empresas y organizaciones sindicales) sumen fuerzas para garantizar una respuesta coordinada ante los retos que ha de afrontar nuestro país.

Peligros como el desempleo, la precariedad laboral, la pérdida del poder adquisitivo de los hogares y el riesgo de pobreza hacen que UGT y el resto de los sindicatos adquieran especial relevancia, en un entorno de complejidad creciente.

La globalización del capital y de los procesos productivos, la creciente relevancia política y económica de Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica (los llamados ‘BRICS’ por la suma de sus iniciales) y el intenso desarrollo de las tecnologías de la información definen una nueva situación. El terreno de la responsabilidad social y las medidas de austeridad económica que han aplicado las administraciones modifican el rol que han tenido las empresas históricamente.

Nos enfrentamos al reto de proteger y extender el estado del bienestar y el modelo social europeo que tanto ha costado implantar en España. Y en esta tarea, a la Unión General de Trabajadores le corresponde un rol decisivo, reivindicando y trabajando para la negociación de un nuevo contrato social para el presente y el futuro.

En lo que al sector público se refiere, el pasado mes de julio se cerró con un buena noticia: el Gobierno socialista anunció una oferta de empleo público en la Administración del Estado de 10.501 plazas del turno libre con el objetivo paliar la pérdida de 8.009 efectivos durante 2017. Las movilizaciones de UGT durante mayo y junio pretendían elevar la voz de los funcionarios, que han visto aumentar su carga de trabajo perdiendo además poder adquisitivo año tras año.

Pero las reivindicaciones no han sido en vano. Todo parece indicar que comienzan a revertirse todos aquellos aspectos que con el decreto del PP de 2012 supusieron para los empleados públicos una pérdida injusta de los derechos que se habían conquistado los años anteriores.

El reto a corto plazo para los más de dos millones y medio de trabajadores y trabajadoras públicos de nuestro país es recuperar calidad de vida a través de una mejora de sus condiciones laborales y salariales. Unos sindicatos fuertes y un Gobierno proclive a la Negociación son los garantes de que estas condiciones se cumplan. El II Acuerdo para la Mejora del Empleo Público y las Condiciones de Trabajo firmado el pasado marzo con el Gobierno anterior espera ser desarrollado en cada uno de sus ámbitos (local, autonómico…) en virtud de la necesaria negociación colectiva constante con los agentes sociales, legítimos representantes de los trabajadores. La reducción de la temporalidad en sectores como la educación y la enseñanza constituyen uno de los grandes retos aún pendientes. La conciliación de la vida laboral y personal, la jubilación anticipada y parcial de policías, bomberos y agentes forestales, el desarrollo de la carrera profesional, la erradicación de la brecha salarial de género y garantizar las condiciones de los trabajadores sujetos a contratos públicos a través de empresas privadas son aspectos esenciales que el Acuerdo contempla y habrá que cumplir sin demora.

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