Desde el inicio de la crisis, el CSIC ha venido sufriendo recortes en sus presupuestos-fundamentalmente por la disminución de las transferencias del Estado-, acumulando un recorte superior al 30% en 4 años.

UGT considera irresponsable, tanto para el futuro de la I+D+i en España como para el prestigio internacional de nuestra ciencia, la situación generada en la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), en el que se habla públicamente de quiebra, situación límite, etc, y, ante esta situación, urge al Gobierno a tomar decisiones. Esta situación en el principal instrumento de investigación en España, -que concentra prácticamente el 20% de la producción científica con más de 130 institutos y centros de investigación -, demuestra la ceguera del Gobierno respecto a la importancia de la investigación para nuestro modelo productivo de futuro.

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En la Agencia Estatal de la Administración Tributaría (AEAT) desempeñan sus funciones 27.000 empleados públicos, trabajando para que en este país los impuestos se recauden conforme a la ley. Con una economía sumergida que diversas fuentes sitúan en torno al 20 % del PIB, un fraude fiscal que incluso la supera, y un nivel creciente de morosidad empresarial frente a la Hacienda Pública, que también alcanza cifras espeluznantes, los trabajadores de la Agencia Tributaria somos conscientes de que nuestra labor de aplicación del sistema tributario, ya sea a través de las funciones de gestión, inspección o recaudación, es esencial para el sostenimiento de nuestro Estado del Bienestar.

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Muface, la mutualidad que agrupa a los funcionarios de la Administración General del Estado, autonómica y local adscritos a este régimen de Seguridad Social, anunció que ha iniciado las gestiones para la aprobación de un nuevo concierto de asistencia sanitaria a partir de 2014 para sus mutualistas y beneficiarios. 

FSP-UGT considera que este "nuevo concierto" oculta la intención real de aplicar otro recorte en las prestaciones de los mutualistas. El sindicato manifiesta su rechazo a cualquier medida que suponga una pérdida de derechos de los empleados públicos, y más en un tema tan sensible como la asistencia médica y farmacéutica. 

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La Federación de Servicios Públicos (FSP) de UGT ha exigido al Gobierno la apertura inmediata de la negociación dentro de las Administraciones para tratar los aspectos laborales que plantea la Reforma de las Administraciones Públicas que se ha presentado hoy en Consejo de Ministros.

Adoptar medidas de esta índole, sin ningún tipo de información y negociación previa con los representantes de los trabajadores, genera gran incertidumbre y tensión entre los empleados públicos. Un colectivo que sólo espera nuevos ataques de un Ejecutivo que se jacta de haber destruido 337.000 puestos de trabajo en el sector desde su llegada a la Moncloa.

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UGT rechaza la reforma de las Administraciones Públicas propuesta por el Gobierno y denuncia que el contenido no se ha negociado con los sindicatos, obedece a una motivación puramente ideológica -nos devuelve al siglo XVIII y no avanza en una propuesta de futuro- y ha sido elaborado a espaldas de los empleados públicos y los ciudadanos.

El sindicato teme que este “adelgazamiento” suponga una apuesta por la externalización de servicios, y que las Administraciones terminen reduciendo su tamaño, para estar formadas por un pequeño núcleo de funcionarios y directivos (con su estatuto propio), perdiendo gran parte del personal laboral.

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