La Federación de Empleadas y Empleados de los Servicios Públicos (FeSP) de UGT anuncia que convocará medidas de protesta si el Gobierno, para cuadrar las cuentas en los Presupuestos Generales del Estado para 2017 recurre, una vez más, al recorte salarial y de derechos de los trabajadores de las Administraciones Públicas. En los últimos cuatro años, los empleados públicos acumulan una pérdida de poder adquisitivo del 11,3% -en aquellas comunidades autónomas donde no se ha devuelto la paga extra suprimida en 2012-, han aumentado su jornada laboral y se han perdido  173.957 empleos en el sector.

El sindicato recuerda a Cristobal Montoro que es ministro de Administraciones Públicas, además de titular de Hacienda, y que existe un espacio propio para tratar las cuestiones que afectan a la Función Pública y a sus trabajadores.  En este sentido, ha reclamado la convocatoria inmediata de Mesa General para negociar las condiciones laborales de los empleados públicos y no volver a convertirlos en las víctimas de las imposiones de Bruselas; sobre todo tras conocer la intención del Ejecutivo  de aplicar un ajuste de 900 millones. Para el sindicato, ha llegado la hora de sentarse a negociar y conocer, exactamente, las intenciones del Gobierno.

La semana pasada, en una reunión con Elena Collado, secretaria de Estado de Función Pública, UGT planteó la necesidad de aplicar una política de salarial en las Administraciones que permitar recuperar poder de compra y señaló que no aceptaría un subida inferir al IPC.

Además, UGT propone un Plan de Empleo y Ordenación de Recursos Humanos y medidas que favorezca la estabilidad en las Administraciones y permitar hacer frente al problema del envejecimiento de las plantillas. Actualmente el sector soporta un porcentaje de precarieadad laboral superior al 20%, una cifra que alcanza el 30% en algunos sectores como el sanitario y en la Administración General del Estado, el 61% de los trabajadores tiene más de 50 años.

El sindicato también planteará otras medidas en la Negociación como un impulsar un sistema de cobertura de la incapacidad temporal que proporcione una protección adecuada y suficiente a todos los trabajadores y restablecer la jornada de 35 horas allí donde estuvieran vigentes antes de los recortes, además debe respetar los ámbitos de negociación y acuerdos firmados en otros ámbitos.