El Secretario General de la Federación de Servicios Públicos de UGT-Melilla, ha informado esta mañana que su organización a nivel estatal  ha entregado en el registro del Ministerio de Hacienda una carta  donde reclaman la apertura urgente de la Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas. FSP-UGT  pide al Gobierno abrir cauces de diálogo que permitan alcanzar un acuerdo para recuperar la parte devengada de la paga extra de navidad de los empleados públicos -requisada de manera retroactiva con la entrada en vigor del real decreto-.

Esta solicitud está en línea con los diferentes pronunciamientos judiciales que se están produciendo en todo el Estado, y la admisión a trámite, al menos hasta la fecha, de varios recursos por parte del Tribunal Constitucional.

Javier Valenzuela, Secretario General de la FSP-UGT de Melilla ha reclamado no sólo la devolución de la parte devengada de la paga extra, sino el reintegro a todos los empleados públicos de la paga extra de Navidad en su totalidad. "Los Tribunales ya nos están dando la razón en lo que se refiere a la parte devengada; el recurso planteado por el Gobierno de Navarra se ha admitido a trámite en el Tribunal Constitucional y en él se plantea la devolución total de la extra

Valenzuela  ha calificado de "vergonzoso" el hecho de que en la mayoría de sentencias dictadas, los tribunales ven indicios de inconstitucionalidad en la actuación del Gobierno a quien se supone no solo garante de las leyes que rigen nuestro estado de derecho y los derechos de toda la ciudadanía, sino que ha de velar por el cumplimiento de la Constitución y ha recordado que en Portugal y Eslovenia ya se ha dictado sentencia en este sentido, contra la actuación de estos gobiernos, admitiendo que la supresión de la paga extra es inconstitucional. "El Gobierno tiene aún la oportunidad de rectificar y restituir la paga extra, que no es un privilegio sino un derecho adquirido".

Valenzuela  ha manifestado la preocupación de FSP-UGT por la destrucción de empleo público (330.000 empleos públicos menos, datos de la reciente EPA) y de los servicios públicos que conlleva esta destrucción de empleo, que está sufriendo el país y ha recordado que de la misma manera que se pide un gran pacto por el empleo, debe abrirse el Diálogo en las Administraciones Públicas. "La reforma que el Gobierno plantea no puede convertirse en una sangría de lo público y en una manera de amortizar el déficit. Los servicios sociales están en peligro y es el conjunto de la ciudadanía quien paga las consecuencias de este deterioro. Los servicios públicos, hoy más que nunca, deben verse reforzados como vehículo para la cohesión social en un época en que se cierne el fantasma de la exclusión social en nuestro país y en toda Europa".